LA HABANA, Cuba. – Es raro que las reuniones del Consejo de Ministros en Cuba transcurran sin algún anuncio e incluso amenaza contra los actores económicos no estatales, dícese trabajadores por cuenta propia, cooperativistas o integrantes de las mipymes. Ello es así a pesar del discurso oficial que proclama el apoyo a este sector de la economía. Y el más reciente cónclave gubernamental, celebrado durante los primeros días de junio, no iba a ser la excepción.
En esa cita el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, se refirió, entre otros aspectos, a los resultados de la recién concluida Campaña de Declaración Jurada de los contribuyentes jurídicos y naturales.
El funcionario aseveró que, en general, había sido una buena campaña, con un 99,8% de cumplimiento de la declaración de impuestos sobre utilidades por parte de las personas jurídicas (empresas y entidades). Sin embargo, en lo concerniente a las personas naturales (no estatales), se reportaron un total de 4.000 contribuyentes que no presentaron la declaración jurada sobre ingresos personales. Al respecto, el señor Regueiro Ale apuntó: “En todos los casos se están aplicando las sanciones establecidas: multas, embargos de cuentas bancarias y cierres de establecimientos”.
En realidad sorprenden, por desproporcionadas, estas sanciones que ahora anuncia el ministro. Hasta esta campaña de declaración jurada, las medidas que se adoptaban contra los que no presentaban dichas declaraciones consistían en multas o recargos sobre la cuantía a pagar, pero nunca llegaban al embargo de cuentas bancarias y mucho menos al cierre de los establecimientos.
El ministro Regueiro no precisó si entre esos 4.000 incumplidores estaban los propietarios de los que se califican como negocios lucrativos (paladares, cafeterías, arrendadores de viviendas, dueños de mipymes), o eran cuentapropistas de poco rango, los que hasta la pasada campaña estaban exonerados de presentar la declaración jurada.
Ahí no queda todo, pues el ministro añadió que ahora comenzaría la segunda etapa de la campaña, que consiste en una fiscalización de los ingresos reportados, y la consiguiente cuantía que cada contribuyente debía pagar al sistema bancario. Aquel contribuyente que sea considerado “subdeclarante”, es decir, que haya declarado menos ingresos que los estimados por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), será objeto de otras sanciones, que pueden llegar en los casos más graves a los tribunales por la acusación de evasión fiscal. Y en los últimos tiempos, a los contribuyentes que mantengan deudas tributarias con las autoridades, se les ha sometido a una sanción adicional: la no autorización para que puedan salir del país.
En lo relativo a la ejecución del Presupuesto del Estado, el ministro de Finanzas y Precios expresó que, al cierre de marzo, la situación era favorable, con un déficit inferior a lo planificado. No obstante, de sus declaraciones se deduce que no todo es color de rosa en ese sentido.
En primer término, Regueiro habló de una inejecución de procesos inversionistas, lo que disminuyó los gastos presupuestarios. Además, advirtió acerca de la necesidad de ajustar las demandas financieras a las capacidades reales de la economía.
La inejecución de inversiones, a la larga, parece causar más daños que ventajas. De momento contribuye a que no aumente el déficit presupuestario al bajar los gastos. Sin embargo, quién sabe cuántos sectores importantes de la economía, algunos de ellos productivos, dejaron de recibir recursos que les eran vitales para su desarrollo.
Como vemos, las noticias derivadas del más reciente Consejo de Ministros, realmente desalentadoras para los actores económicos no estatales, no solo fueron preocupantes para ellos.
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